He de decir que los padecimientos con la madre de mi hijo fueron, desde siempre, una verdadera tortura. Cuando mi hijo tenía solo tres años, conseguí que de mutuo acuerdo nos sometiéramos a una evaluación forense. Fue la propuesta para no ir por la vía judicial, por cosas muy graves que la madre estaba haciendo.

Tenía razón. No cambió nunca… No obstante, pasaron unos años de custodia compartida en los que pude ocuparme de mi hijo. Ella tuvo cinco relaciones de pareja en un año y medio, y vi cómo esos pobres hombres padecían muchísimo con ella, pero no quise entrometerme en su vida privada mientras respetase mi paternidad. A los dos años conoció a un buen hombre, la relación parecía positiva para la vida de mi hijo y, tras dos años más, mi familia y yo les facilitamos acceso a una vivienda, para que se instalaran juntos. Mi hijo se había vinculado con él, aunque con problemas derivados de esa relación de apego inseguro con su madre y de tantos cambios de parejas. Pero estaba bastante estable.

En esa misma grabación la madre describe a Rama con tintes mesiánicos, y admite explícitamente que el matrimonio es un fraude de ley: “eso no es un casamiento, es un trámite, un servicio que le hago”. Cualquier experto en captación sectaria reconocería ahí la fase de luna de miel, la euforia inicial del converso. Hizo lo contrario de lo que le pedí.

Cuando intenté proteger a mi hijo, ella me puso la primera demanda

En 2021, la perita M.P. realizó una evaluación psicológica de la familia. Aunque aparentemente me beneficiaba (me dejaba ciertamente algo mejor que a la madre en el informe), pero en realidad nos perjudicaba, sobre todo al niño, al silenciar el problema y realizarle un notable “maquillaje” a la madre, por ejemplo: La madre volvió a obtener una Impresión Positiva de 69 en el PAI, exactamente la misma puntuación que en 2016. Es decir: volvió a manipular sus respuestas. Pero esta vez la perita lo dio por válido. La misma puntuación que cinco años antes había invalidado el perfil.

Esa perita además desestimó todas las alertas de riesgo sectario notificadas. Tenía en sus manos el informe documental de un experto en la materia,  que identificaba a la Escuela de Rama como una derivación sectaria del movimiento Hare Krishna. Y recordemos que no había sido captada como miembro de la secta, no: se casó con el gurú y pasó a liderar la secta con él. No es una víctima de la secta, es una dirigente. La perita ignoró el informe y ni siquiera se puso en contacto con el especialista. Su justificación fue, textualmente, que “en nuestro país no existe un listado que detalle los movimientos religiosos considerados sectas peligrosas”. Es decir: en lugar de analizar si existía un daño psicológico real al menor, redujo la cuestión sectaria a una cuestión administrativa. Consultó a una asociación, AIS, para extraer de sus consultas tan solo una parte de la respuesta que le dieron: que no hay lista oficial. Y cerró el análisis.

La Coordinadora de Parentalidad  tenía su sala de espera llena de publicidad de violencia de género. Lo que debía ser una figura neutral de apoyo resultó ser una trampa. R..S. formaba parte de un grupo de coordinadoras de parentalidad entre las que se encontraba la propia M.F., a quien yo había denunciado y que era integrante y amiga de la coordinadora. Según mi experiencia y la de otros padres, ejercen la profesión con graves irregularidades, amparadas por el Colegio de Psicólogos.

Mostraba una superficialidad hiriente, e incluso se quedó medio dormida durante una de las sesiones… Durante su “coordinación”, el conflicto lejos de reducirse, que era su función, aumentó y mi hijo durante ese tiempo comenzó a mostrar gravísimos signos de estar siendo presionado. En aquél entonces no se atrevía a decirme qué le pasaba, solo me decía: “tengo miedo de hablar porque si hablo le pueden pasar cosas muy malas a algunas personas”. No fue sino al año siguiente, en 2023, cuando me confesó que su madre le presionaba . Yo traté de decirle a la coordinadora que tenía que actuar, pero nada hizo, así que le exigí que dejase la intervención, que había perdido totalmente mi confianza. En un primer momento dijo que renunciaba, pero mi hijo vino a casa impactado diciéndome: “papá, mi madre ha llamado por teléfono a la psicóloga y ha estado un montón de rato hablando con ella hasta que le ha prometido que va a volver”. Ya sin mi consentimiento, y aun habiendo anunciado la renuncia, la psicóloga siguió citando a mi hijo en su consulta privada. Continuó entrevistándose con la madre y con el niño. Presionó a mi hijo en sus sesiones para que al día siguiente dijera en el colegio que su padre le maltrataba, lo que provocó que de camino al colegio mi hijo sufriera una epistaxis masiva, un sangrado nasal tan severo que la madre no se lo pudo parar y tuvo que llevar al niño al centro de salud a que le parasen la hemorragia. La presión de ir a mentir sobre su padre provocó una somatización. Un perito forense lo ha calificado exactamente así: somatización derivada de la presión emocional del contexto. Fue uno de los primeros indicadores clínicos del efecto que todo esto estaba teniendo sobre mi hijo.

Tras todas esas malas praxis, la psicóloga envió un informe al juzgado recomendando reducir el tiempo de estancia de mi hijo conmigo, informe que impugné con tanto valor probatorio, que durante un año y medio la coordinadora fue paralizada por el propio juzgado, y dejó de intervenir durante un tiempo, pero aun impugnado por el juzgado, la madre llevaba ese informe a todas partes convenciendo a todo el mundo de que una psicóloga le avalaba con un informe que, en realidad, estaba judicialmente impugnado. Ese informe, sin embargo, yo mismo lo llegué a des impugnar… ¿Cómo? ¿Por qué? Por un chantaje: me lo puso como condición para aceptar que mi hijo recibiera terapia psicológica; solo por eso, y con la promesa de que podría recusar igualmente a la psicóloga en breve, pero por una excesiva lentitud en la presentación, y en la citación, no ocurrió a tiempo.

Le instruían para mentir ante psicólogos. Mi hijo estaba siendo utilizado como instrumento para fabricar pruebas falsas contra su propio padre. Él decía que mentía no porque quisiera, sino porque se lo ordenaban. Si no decía lo que le mandaban, se enfadarían. Tenía miedo. Su voluntad se plegaba ante el temor a las represalias maternas. Y el gurú no era una figura pasiva: ejercía autoridad directa para corregir el pensamiento de mi hijo contra su padre.

Acudí a Servicios Sociales con las confesiones de mi hijo. Me dijeron que tenía que denunciar a la madre. Presenté denuncia ante la Guardia Civil con esas grabaciones.

En julio de 2024, mi hijo escribió de su puño y letra : Tengo miedo a mi madre. Le he pedido a mi papá que me proteja.

Solicité medidas urgentes de protección al amparo del Artículo 158 del Código Civil. Pero lo que ocurrió en la exploración judicial fue una vergüenza.

La exploración de mi hijo estaba programada a las 10:00h y nuestras declaraciones a las 12:00h (para que no se cruzara con la madre). Pero eran las 11:30h y todavía no aparecía la jueza en la sala de vistas. Mi madre, que me acompañaba, subió a la planta donde estaba el juzgado para ver por qué se retrasaba tanto, y entonces vio salir a la madre de mi hijo del juzgado: Llevaba al menos noventa minutos con la jueza, persuadiéndola.

Cuando la jueza llegó a la planta de vistas, me miró con un odio y un desprecio que me hicieron saber que algo no iba bien. Y así fue: la exploración fue una vergüenza. Presionaron a mi hijo, le dijeron ¡Tú no mandas ! ¡Tú no decides!, y la jueza y la fiscal se rieron al mencionar la Escuela de Rama. Mi hijo, a pesar de esa presión, repitió insistentemente que su madre le había presionado para mentir a todos los psicólogos/as, y decirles que su padre le maltrataba y que quería estar con ella, y que eso no era verdad. Existe una grabación de esa exploración judicial, que es una absoluta vergüenza.

Mi hijo, a pesar de toda la presión de la jueza para que se desdijera de que quería que le protegieran de su madre, y dijera que quería seguir estando con los dos, decía que sí, que quería estar con los dos, pero “sin que me hagan eso”: insistía una y otra vez, que “sin que me hagan eso”, sin que le obligasen a decir cosas que no son verdad, “sin presión”. Un niño de doce años fue al juzgado, pidió protección con sus propias palabras, y el sistema le devolvió al entorno del que pedía protección.

El juzgado de instrucción descartó la credibilidad de mi hijo, por la manipulación a la que la madre del niño sometió a la jueza, y consideró las pruebas como antiguas solo porque aporté pruebas de grabaciones que venía aguantando hacía casi un año –hasta que mi propio hijo me autorizó a usarlas–. Le devolvieron al entorno del que pedía protección.

A partir de ahí, exactamente como cualquier experto en persuasión coercitiva habría predicho, mi hijo pasó al rechazo total hacia mí. La sumisión a la madre fue absoluta. Había pedido ayuda, nadie le había ayudado, y el mensaje que recibió fue: no hay salida. Estaba ya totalmente inmerso en una indefensión aprendida.

A partir de octubre de 2024, la madre dejó de llevar a mi hijo al instituto con normalidad para que no pudiera recogerle a la salida. Llegó al borde del absentismo escolar. La psicóloga la citaba por las mañanas para justificar las ausencias y ayudarla en su macabro plan. Intentó denunciarme de nuevo, fabricando nuevas acusaciones.

En noviembre de 2024, llevó a mi hijo a la Guardia Civil a declarar que no quería saber nada de su padre y que se quería suicidar si le llevaban con él. Lo que estaba haciendo era crear evidencia para justificar el aislamiento.

El 16 de diciembre de 2024, el aislamiento fue total: cortó todo contacto conmigo, con mi familia. Mi hijo desapareció de mi vida de un día para otro.

Mientras tanto, después de varios intentos de que atendieran a mi hijo en salud Mental, mi hijo finalmente fue atendido y la psicóloga emitió un informe tras la primera visita muy preocupada: “niega ideación autolítica, sin embargo al ser preguntado” el niño había verbalizado en Salud Mental: “me gustaría desaparecer”. No era ideación suicida activa, sino la expresión de un niño que quiere dejar de estar en medio de este conflicto. La tensión de mantener la lealtad a su madre a costa de su propia verdad ha desbordado todos sus recursos. La psicóloga trató de ver al niño varias veces pero la madre se negaba a llevarlo a Salud Mental. La psicóloga convocó al comité de urgencia y solicitó elevar el caso a fiscalía, pero la trabajadora social del centro de Salud Mental de Cartagena se entrevistó conmigo y me trató como si yo fuera el problemático, desafiándome con sus alocuciones y frustrando todas las iniciativas de protección emprendidas por la psicóloga. Al poco tiempo, la psicóloga me llamó para decirme que sentía muchísimo el funcionamiento del sistema y que no podía hacer nada más por mi hijo. Al poco tiempo, no sé si solicitó el traslado, o cómo fue, pero esa psicóloga se marchó del Centro de Salud Mental de Cartagena.

El 16 de enero de 2025, ella consiguió in extremis forzar una vista judicial, antes de la recusación de la psicóloga, prevista para el 4 de febrero. Con esas supuestas denuncias de amenaza de suicidio por parte de mi hijo, que eran en realidad una manipulación terrible de su madre, –que el sistema ha tolerado–, y basándose en declaraciones de la misma Coordinadora de Parentalidad que ya antes había sido retirada durante un año y medio tras probar su falta de profesionalidad y que se había alineado con la madre, el juzgado suspendió provisionalmente la custodia compartida, y se la dio a ella. La ex coordinadora hizo una declaración falsa que sirvió para justificar la suspensión, y aunque reconoció que no había contrastado los testimonios del niño con prueba alguna (dijo: “yo no necesito contrastar nada,   yo soy una profesional y sé cuándo un niño me miente”, cuando en realidad, ella misma presionaba y llevaba al niño a mentir). Efectivamente, en la vista de recusación del 4 de febrero, esa psicóloga se tuvo que marchar definitivamente tras demostrar, por enésima vez, su dejación de funciones y su falta de profesionalidad.

La paradoja es perfecta: el daño generado por la interferencia de la madre se atribuyó al padre. Mi hijo rechazaba verme, porque le habían presionado en un principio –y persuadido después hasta convencerle, con técnicas de control ideológico propias de lo que son: líderes de una secta destructiva–, de que yo era el problema, y el sistema interpretó ese rechazo como prueba de que yo era el problema.

El juzgado ordenó una nueva evaluación psicosocial, programada para un mes después. La madre logró retrasarla dos meses más. Finalmente las entrevistas se realizaron tres meses después de la suspensión. Tras las entrevistas, el equipo psicosocial tardó seis meses más en emitir su informe. Cuando por fin lo hicieron, algo no cuadraba: los contenidos del informe y los datos que recogieron tienen una gran divergencia con las conclusiones. Las conclusiones, aunque van en la dirección correcta, son tremendamente edulcoradas e insuficientes. No reflejan las medidas que la situación requiere. Y de hecho, así ha sido: ese informe no ha logrado frenar nada, y la situación se ha agravado.

No querían poner en evidencia el flagrante error de los juzgados, así que se limitaron a decir que era necesaria terapia y tratar de restablecer la relación con el padre, sin cuestionar la vía del Punto de Encuentro Familiar, ni proponer protección alguna a todo lo que se había documentado en los contenidos del informe. Un despropósito.

Casi 500 días sin mi hijo

Las terapeutas que el sistema devora

La prueba de que el vínculo está intacto

Mi caso no es único. Hay familias en toda España atrapadas en la misma combinación: un grupo de alto control ideológico que captura a un miembro de la familia, un sistema judicial que no tiene formación para identificar la persuasión coercitiva, y una serie de instituciones que, por inercia, sesgo o miedo, miran hacia otro lado.

Existe en nuestro sistema un punto ciego estructural: cuando quien instrumentaliza, manipula y obstruye es la madre, las instituciones se paralizan. ¿Cómo es posible que el sistema se establezca tanto en favorecer a una madre que aísla a un niño y le obliga a decir, o le persuade hasta convencerlo, de que no quiere estar con su padre?

Lo que precisamente debería ser un signo que interpretasen como maltrato materno –rechazo injustificado o desproporcionado hacia el padre– lo toman como justificación de las conductas maltratadoras, llamando madres protectoras a perversas maltratadoras.

La madre de mi hijo acudió al Servicio de Prevención de Violencia de Género. El propio director del servicio, Pedro Saura Garre, reconoció que la madre estaba instrumentalizando ese recurso. Me dijo que se compadecía de mí, que la sociedad no estaba preparada para contemplar esta situación por ser contra-natura, pero que él no podía hacer nada porque el sistema solo funciona en una dirección. Un tribunal de violencia de género me absolvió de todos los cargos. Y sin embargo, la maquinaria sigue funcionando como si la narrativa original fuera cierta.

Los expertos en estas dinámicas lo tienen documentado: en contextos judicializados, el progenitor vinculado a un grupo de alto control ideológico utiliza los recursos jurídicos para neutralizar al progenitor que está fuera, llegando incluso a interponer falsas denuncias como estrategia para ganar tiempo, generar desgaste emocional o eliminar su presencia afectiva en la vida del menor. Es exactamente lo que me ha ocurrido a mí.

Lo que pido

Que la persuasión coercitiva sea reconocida como violencia, especialmente cuando afecta a menores que no pueden resistirla. Que los equipos psicosociales de los juzgados reciban formación en dinámicas de alto control ideológico y dejen de tratar la captación sectaria como una discrepancia educativa. Que las resoluciones judiciales se ejecuten, porque un acuerdo de custodia que nadie hace cumplir no es justicia sino abandono institucional.

Que se rompa el tabú de la madre agresora, porque la violencia psicológica no tiene género y un niño manipulado por su madre merece exactamente la misma protección que un niño manipulado por su padre.